El pasado miércoles 16
de septiembre, cuando se publicó el fallo (en todos los sentidos que admite tal
vocablo) que declaró nulas las elecciones locales tucumanas, se cumplían
sesenta años del golpe de Estado contra el gobierno del general Juan Domingo
Perón. En ese episodio jugó un rol fundamental el bombardeo de la aviación de
la marina de guerra sobre Plaza de Mayo, perpetrado exactamente noventa días antes,
el 16 de junio de 1955. Aquel atentado terrorista, el más grave que recuerda la
historia nacional, con la excusa de asesinar al entonces presidente, en
realidad elaboró un disciplinamiento poblacional. Pretextados en la necesidad
de rescatar la ética y el republicanismo supuestamente lesionados por Perón, el
objetivo de fondo de la violencia ejecutada por las FFAA era la reversión que
ambicionaban sus mandantes, los sectores del privilegio, del mayor ciclo de
bienestar que esta tierra registra, discusión imposible de tramitar en las
urnas.
Seguramente se
respondería a este desarrollo que importa una desproporción. Sobran quienes
hacen de las formas el elemento central de sus análisis. Y en base a ello,
dirían que es incomparable una escena que involucró armas y asesinatos con otra
que se deriva de instrumentos legales con los que, a lo sumo, se puede disentir
por razones de oportunidad, mérito o conveniencia.
Sin embargo, el
componente fundante de la tragedia de Tucumán opera como un hilo conductor que
atraviesa seis décadas: el desprecio por toda voluntad popular que no convalide
la exclusión.
La sentencia tiene
serios inconvenientes técnicos: el juzgado que la dictó no es competente en la
materia, para empezar. Por otro lado, no se basa en legislación electoral en lo
que se refiere al fraude, denunciado vagamente. Se entiende: en tal supuesto,
habrían tenido ante sí el problema irresoluble de un volumen muy escaso de
maniobras, incapaz de alterar el resultado; por ende, no se configuraría el
delito. Son artimañas que no faltan en ninguna votación --claro que no por ello
menos condenables--, y en las que, encima, también la mega alianza opositora
está imputada.
Recurrieron, en su
reemplazo, al llamado clientelismo, también en modo por demás impreciso. No
sólo sin pruebas: sin siquiera vincular esa noción con los hechos del caso. El
dato político que emerge del dictamen es su peor novedad: sienta el primer
precedente que conceptualiza sobre calidad de voto; para peor, como fundamento
de la validez toda de un comicio.
En la frase inicial de este
texto se escribe ‘publicó’ para hablar del veredicto en cuestión, en vez de ‘dictó’,
‘declaró’ u otros usuales en contexto jurídico. Fue adrede: la edificación de
la casualidad que hizo coincidir esto que se ha convertido en un laberinto con
la renuncia de Fernando Niembro a su candidatura en la provincia de Buenos
Aires es la punta del ovillo de una trama mucho más grande y compleja en que se
inserta, y en la que octubre es apenas otra posta: va aún más lejos.
* * *
Ya ni empacho en el
disimulo tiene el establishment. Esta semana en La Nación la cuota incendiaria
de las palabras excedió de lo acostumbrado. Joaquín Morales Solá comentó el
jueves la puesta en marcha del golpe judicial: “Los jueces de una Cámara
tucumana de alzada sembraron ayer la mayor sospecha de fraude en el proceso
electoral nacional. (…) esa decisión que anuló los comicios tiene una carga
demoledora para el gobierno kirchnerista, que entregará en diciembre un sistema
electoral viciado por el fraude y con escasa legitimidad”, dijo, proyectando
las consecuencias. El día anterior, Ceferino Reato había titulado su columna
“Si gana, ¿podrá Scioli garantizar gobernabilidad?”
No sólo no asumió,
todavía, Daniel Scioli: ni siquiera ganó. El establishment, en su obcecación destituyente,
no aprende. No les han bastado los fracasos en todos y cada uno de los embates
condicionantes con que se la han pasado operando sobre el kirchnerismo. Sin
suerte, por la obstinación política que tanto Néstor Kirchner como la
presidenta CFK pusieron en no ceder un sólo centímetro de sus potestades
constitucionales. Las chances de continuidad del peronismo son altísimas. Y no depende
esta disputa de la mandataria en curso: la meta no es un dirigente sino la
serie de conquistas sociales más profunda desde el peronismo inaugural.
Siendo que los
intereses populares se expresan hoy en la fórmula Scioli-Zannini, no extrañan
este tipo de amenazas que anticipan nuevas riñas desde el 10 de diciembre
próximo, si se confirma lo que a esta altura luce más probable: el Círculo Rojo
no logrará consagrar a su gerente, Maurizio Macrì, a cargo del Estado, para
volver a transfigurarlo en gendarme de la rentabilidad empresaria.
Macrì está en una coyuntura
especialmente delicada a partir del deshielo que empezó con las incriminaciones
contra Niembro, que derivaron en un aprieto profundo de conducción y
construcción al interior de la entente conservadora Cambiemos. El comentarista
deportivo se bajó, pero ya cuando cualquier opción daba pérdida. La dimisión
abre el interrogante por el papel de los funcionarios porteños en lo que se
parece a una confesión de culpas, pero la permanencia acentuaba el desgaste. La
tropa del cambio no logró unificar discurso ni praxis en torno a este expediente,
la opinión mediática se entrometió en un nuevo capítulo de la promiscuidad que
liga a unos y otros.
Si no fuera por la
sincronía ideológica que ya de por sí existe entre el PRO y los fondos buitre,
cabría dudar de la capacidad del postulante presidencial para aguantar las
presiones de la banda de Paul Singer si cuatro gritos de medios oficialistas
como Tiempo Argentino y C5N, que según se cuenta nadie lee ni escucha, le
voltearon la cabeza de la lista de diputados nacionales. La clausura del canal
de TV el día posterior a la salida de Niembro decoró con condimento de
amateurismo el cuadro.
Entonces, si los
representantes no son aptos, toman el timón los representados, con todo el
riesgo que supone la política actuada por gente carente de destrezas en el rubro
y de reparos por la institucionalidad y la paz pública. Se comprende, claro:
están jugando su supremacía cultural, mucho más importante que la sanidad de
sus balances, que no se ha resentido significativamente.
Reato lanzó una nueva
versión de la advertencia con que, en ese mismo diario, José Claudio Escribano
saludó el triunfo de NK en 2003, preámbulo de doce años de hostilidad.
Queda, pues, en Scioli
tomar la lección de sus dos predecesores: apoyarse en su electorado si quiere
perdurar con éxito. El espejo que adelanta, se ha dicho hasta el hartazgo en
esta trinchera, es la situación complicada de Dilma Rousseff en Brasil, ya a
tiro del impeachment, agravada por los gestos conciliadores que para con sus
adversarios hace la heredera de Lula. Que, lejos del efecto de distensión que
se asignan a tales, sólo resquebrajan la relación del PT con sus bases, lo que
debilita peor al gobierno. Conviene entender la esterilidad de los “giros al
centro”. Dicho esto para varios integrantes del Frente para la Victoria, que, de
buena fe pero erradamente, se exhiben favorables a la eventualidad de abrir una
nueva etapa, de distensiones, una vez ida CFK.
Cualquier variante
posible de resolución del conflicto en Tucumán, ya es inevitable, extenderá el
clima actual hasta más allá de la sucesión presidencial, incluso. Con ese barro
cubren la mesa de concertaciones que pretenden forzar desde 2016, independientemente
de quien sea electo.
* * *
La tercera pieza a
examinar en este embrollo es la renuncia a la Corte Suprema de Justicia de
Carlos Fayt. Las aspiraciones políticas del capataz de ese cuerpo, Ricardo
Lorenzetti, no son un secreto para nadie, más allá del formato en que ello
cristalice. La situación en el máximo tribunal ya hoy dista de la normalidad,
debido a la vacancia previa respecto de cuya ocupación la oposición partidaria niega
toda posibilidad de transacción legislativa, imprescindible, al oficialismo. Muchos
se preguntaron por la postura de los supremos acerca de la anulación
eleccionaria tucumana.
Pertinente consulta: no
sólo porque se trata de un recorrido que muy probablemente desemboque ante
ellos, sino porque la magnitud de un suceso inédito en la biografía democrática
nacional hace presumible la existencia de un respaldo trascendental para los
albañiles que la labraron.
Lorenzetti, que se
desvive por su imagen pública, no consideró necesario en cambio desmentir las
revelaciones que a propósito de la crisis en la cabeza del Poder Judicial
difundió a principios de este año Horacio Verbitsky. Entre las cuales figuraba
el control del sitio del más anciano de sus colegas.
Y otra que se le pasó
hasta al kirchnerismo, que acordó con el rafaelino para la redacción del nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación, que suprime una limitación que incluía
la vieja norma comercial, de restringir a los jueces expedir disposiciones
legales o reglamentarias e interpretar la ley de modo que obligue a todos.
Sumado eso a las apelaciones constantes a la misión de garantía sistémica que
sin basamento Lorenzetti atribuye a los jueces, resulta evidente la ambición de
extralimitar a su gremio en instancia determinante, sin cuyo concurso no se
pueda avanzar.
No debe perderse de
vista el poco afán que habían demostrado los cortesanos en completar su
integración, pese a que Eugenio Zaffaroni produjo un hueco hace largo rato. Un
nuevo cupo abre el espacio que venía faltando para una negociación hasta ahora
trabada, pero en un marco irrespirable, ideal para introducir ambiciones de
arbitrarla desde la cúpula del Poder Judicial, erigido en clave de bóveda del
prestigio republicano patrio. La incógnita es el precio de esa operación.
El 25 de julio se
aseveró aquí que los tribunales son el refugio último del bloque de clases
dominantes, que adversan al kirchnerismo en tanto gobierno al menos
controvierte el statu quo.
En la exacerbación de
estas contradicciones, quiérase o no, va un debate por la democracia misma.
[Publicado originalmente aquí: http://abcenlinea.com.ar/11-de-diciembre-de-2015/]