martes, 26 de febrero de 2013

La necesidad de la movilización frente a la dinámica política actual


María Esperanza Casullo escribió, en Infobae, a propósito del triunfo de Rafael Correa en las presidenciales de Ecuador del pasado 17 de febrero, para establecer diferencias entre el gobierno de la Revolución Ciudadana y el que conducía Fernando Lugo en Paraguay, que una de las claves del sostenimiento de la gobernabilidad en los procesos que gobiernan Sudamérica en la actualidad y desde hace alrededor de una década, es “(…) la capacidad de movilizar a los seguidores en el espacio público frente a una amenaza resulta absolutamente clave (…)”.

Lucas Carrasco, por su parte, dijo en su blog, y en coincidencia con una nota de Alfredo Zaiat del último domingo en Página 12, comentando cuestiones que también hacen a la gobernabilidad, en este caso del kirchnerismo y a futuro, que “el lanzamiento del congelamiento de precios, no ha convocado a la militancia social y política”; así como tampoco para lo que refiere al desarrollo del plan de viviendas PRO.CRE.AR, lanzado a mediados de 2012.

Todo cuanto en los escritos citados se dice circula en derredor de cuestiones a que venimos haciendo referencia, también por la negativa, en los últimos posts (1 y 2). En especial cuando abordamos la problemática que implica el default de representatividad que se observa en el tablero político argentino a partir de la renuncia del arco partidario opositor a jugar su rol en tal sentido.

"’Sólo faltaría un líder que nos hable’, confesó ayer, al lado del Obelisco, una manifestante. Ésa es la paradoja. Si ese líder existiera, ella no habría tal vez estado allí”. Lo escribió Carlos Pagni en La Nación al día siguiente del 8N. El día anterior, también en La Nación, había dicho que los caceroleros “ocupan el espacio público como consecuencia de otro porcentaje: entre esa administración triunfante y quienes deberían limitarla se abre un vacío de 37 puntos”. Frente a esa realidad, la oposición ha respondido, invariablemente, con mayor autoexclusión.

El kirchnerismo, entonces, frente a los sobresaltos que genera la dinámica insana en que se despliega el juego político a partir de los datos acá recorridos, responde con llamativa despreocupación por el elemento de la convocatoria a favor de cuestiones sensibles para su continuidad como rumbo programático del país, aún a pesar del lema “unidos y organizados”. La consigna debe ser que el vacío político que se verifica en lo que tendría que ser la vereda de enfrente no lo llene una organización que ofrezca términos regresivos.

Así y todo, y por suerte, las organizaciones, que --como bien decía un viejo sabio-- son lo único que vence al tiempo, han sabido desarrollar, por la suya, cualidades activistas en consonancia con lo que estamos apuntando como necesario. (Con lo cual demuestran, ante el escaso incentivo que para con todas estas cuestiones se ha podido comprobar por parte del gobierno nacional, que lejos están de ser consolas vacías de contenido manejadas a control remoto.)

Los peligros están a la vista, frente a la deriva que implica la falta de contención de las reivindicaciones adversas: algunos los comentamos en nuestro último post y son actuales, otros los estudiamos el año pasado en ocasión de los famosos cacerolazos (1 y 2) organizados de manera espontánea.

En 2012 ocurrió un episodio bastante grave: la aparición de pretensiones de discusión sindical al interior de ciertas fuerzas de seguridad. Situación que debe alertar a cualquiera que observe con apenas un tantito de atención las ya no tan llamativas réplicas que en términos similares se han conocido en los países de la región que son conducidos por esquemas posneoliberales.

Frente a aquello, las distintas formaciones que responden a la conducción de CFK reaccionaron rápido y salieron a dejar en claro que no estaban dispuestos a tolerar el mínimo desafío a la autoridad presidencial, lo que indubitablemente estaba en juego en dicha trama, que presuntamente encerraba un mero desacuerdo salarial: si así fuera, no se justificaba semejante reacción, que devino en ruptura del orden interno en la cadena de mandos. Los sublevados se lo pensaron dos veces a la hora de decidir respecto de sus planteos cuando advirtieron la respuesta social adversa que generaron allende las tapas de Clarín y LN.

Cada uno de los distintos episodios comentados tuvieron de real tanto como sus respectivas duraciones y capacidad de replicar y articularse demostraron: cuasi nulo anclaje sustentable, incapacidad de sostenerse en sujeto social ninguno. Otro tanto podría decirse de los saqueos y similares actos vandálicos previos a las últimas fiestas de navidad.

No obstante todo ello, no es una demasía concluir en que hasta ahora más bien se ha contado con la suerte de las incapacidades políticas ajenas, más que con virtudes propias --aunque también algunas de éstas se hicieron notar--. El kirchnerismo representa, resta que se decida a involucrar en mayor medida a los beneficiarios de su programa político, comprobada que ha sido la fidelidad que le dispensan amplios sectores sociales a la hora de las urnas, aún en circunstancias adversas --no cualquiera obtiene 35% de votos nacionales en medio de un clima como el de 2009--.

Por estos días, por caso, se discute nuevamente la relación del gobierno nacional con la gestión provincial de Daniel Scioli. Y cada vez que ello ocurre, ineludiblemente, entran a tallar también las cuestiones sucesorias. A este respecto también ya nos hemos pronunciado.

Descreídos, como somos, de que las variables de un proceso histórico social puedan ser enteramente determinadas por ninguna individualidad concreta y específica, hemos dicho que el eje central de la problemática pasa por la necesidad de construcción de una fuerza social capaz de garantizar mayorías, y por tanto las condiciones del período específico en que le toque desenvolverse. Logrado ello, los nombres propios serán consecuencia de la voluntad del fulano que se decida a asumir el rol que le asignen las características de la coyuntura.

Así le ha ido a Moyano cuando renegó de esa regla. Y de allí también que no sea imprescindible discutir a Scioli en particular, así como tampoco a ninguno de los que logran centimetraje mediático; bien dice Horacio Verbitsky en su última columna que no en vano la presidenta CFK luce tranquila, frente a lo que es la impericia evidenciada por sus rivales para traducirse en la competencia política concreta.

Eso, como contracara, puede llevar a un desaconsejable quietismo. Las amenazas vendrán lo mismo, corporizadas orgánicamente o no. No es que no estén en la lona: se trata de evitar que se puedan levantar.

viernes, 22 de febrero de 2013

La deriva corporativista frente al abandono de la representatividad política opositora


La renuncia de la oposición partidaria formal argentina a la representación política a la que esencialmente deben aspirar es un hecho, y sus consecuencias son visibles. Una de las conclusiones que de modo trasversal, y casi unánime, se elaboraron el año pasado luego de los cacerolazos fue que aquello confirmaba la debilidad de los canales de representación alternativos, el proceso se acelera este año.

Las formaciones sectoriales de la vida social del país salen, así las cosas, a la cancha, a tomar en sus manos la conducción de la disputa contra el programa del gobierno nacional, habida cuenta de lo inconmovible de éste en su traza proyectiva. Con extraña simultaneidad, casi al unísono, se expresaron la Mesa de Enlace de las patronales agrarias y el sindicalismo --desde hace algo más de un año opositor-- conducido por Hugo Moyano, ambos a partir de procedimientos de legalidad dudosa.

El objetivo inflacionario apenas disimulado en este caso, su accionar camina las fronteras de lo delictivo crecientemente: de los piquetes, los saqueos y los bloqueos a supermercados, en el caso del jefe camionero; al llamado a la evasión fiscal lisa y llana, el lock out --no reconocido en el Derecho Comparado a nivel mundial-- y el saboteo por parte de los ruralistas.

Distintas potestades regulatorias del comercio agrario externo --con guarnición de reclamaciones por subsidios para acompañar-- y la administración de la salud de una porción de los trabajadores convencionados, he ahí el hilo invisible que conecta a ambos actores en su adversión, que busca vasos comunicantes articuladores, al gobierno de la presidenta CFK. Son expedientes que tramitan en el contexto de una discusión que no termina de sincerarse, pero sigue latente: a quién corresponde el gobierno de las funciones estatales.

Si no se comprende por qué los partidos opositores no logran interpelar las reivindicaciones de ningún actor social concreto, la famosa ausencia de sujeto que encarne el programa a caballo del cual puedan competir en las urnas, la respuesta debe buscarse en la posición que adoptan frente al interrogante irresuelto a que hacemos mención en el párrafo anterior. Ello supone un déficit institucional, en tanto las representaciones alternativas --que, se insiste, no lo son en verdad-- no deciden ni conducen: apenas se proponen como instancias de convalidación de definiciones que el bloque social opositor elabora por fuera de instancias formales.

De ahí a la distorsión de la legalidad hay un paso muy corto. Demasiado.

Ello deriva en los climas exaltados que luego se deploran desde lo discursivo: tienen lugar en tanto no son, antes, debidamente enmarcados en las vías estatuidas correspondientes. La resultante del coctel es que la contradicción principal pasa a ser la de una clase política que no acaba de vertebrarse como tal para disciplinar al elemento corporativo. Y quienes integran el poder real cada tanto se reconfiguran para presionar al Estado en función de lo que creen que éste les debe: concesiones que pasen por determinaciones soberanas mayoritarias, pero que en realidad son meros caprichos sectoriales.

En resumen, el asunto para por determinar quién gobierna; y si votar otorgar derecho a decidir o a, apenas, seleccionar administradores de un devenir imposible de ser conmovido. En definitiva, por la vigencia efectiva, y no como pura fachada, del Estado de Derecho en el país.

Facundo, el hijo instruido del ex secretario general de la CGT, cuya prometedora carrera ve su futuro cada vez más brumoso gracias a la torpeza militante que para explorar en terreno político demuestra su padre, sintió un tanto de vergüenza por las nuevas compañías que encuentra a su lado y salió a repudiarlas, sí que con tibieza y timidez.

Impagables escenas las de patronales marchando junto a dirigentes obreros, alguno de los cuales debería estar reclamando por la casi reducción a grado de esclavitud a que someten a sus afiliados.

Hugo Moyano se postula como síntesis auténtica de las aspiraciones de un espacio cuya expresión política fue --dice-- el kirchnerismo, al que ha descalificado como farsante y desviado del mandato otorgado en las urnas, sin que sus sentencias hayan superado todavía el filtro de una confirmación decisoria establecida. Recuérdese: a menudo asegura ser el prestamista de los votos que consagraron como jefa de Estado a Cristina Fernández. Que entonces pasaría por ser su delegada, y obligada por tanto a homologar cuanto se le solicite desde las oficinas de la calle Azopardo, so pena de verse privada de los apoyos que la sustentan en el ejercicio del cargo que ejerce --ocupa, entiende el moyanismo--.

Similar recorrido trazó en Ecuador, ya que estamos, un sector que rompió --pretendidamente-- por izquierda con el recién reelecto Rafael Correa, presuntamente apartado de la causa originaria que los unía, e impulsó como candidato presidencial a Alberto Acosta, ex ministro y hombre fuerte del gobierno del presidente jefe de la Revolución Ciudadana: todo acabó en un fracaso gigantesco.

Un buen asesor en materia de política internacional quizás le clarificaría a Moyano que tiene un espejo en el que mirarse a futuro. Si es que ya no se lo demostró con suficiencia la curva descendente que su poder de convocatoria ha evidenciado desde su salto a la oposición. Tanto que requirió de la apoyatura operativa hasta de antiguos rivales clasistas durante el último paro general del 20N, que, así y todo, no lo salvaron de caer en la testimonialidad raquítica de, cuanto mucho, un cuarto de Plaza de Mayo movilizada menos de un mes después.

El curso de los acontecimientos lo pone de manifiesto: para Moyano, quien nunca ocultó sus legítimas aspiraciones políticas, hace días formalizadas, es una preocupación; para sus ahora aliados de la patronal campera, en cambio, en modo alguno: la ley ha sido siempre un asunto de rango subordinado en sus esquemas de actuación. Y no encuentran, habida cuenta el panorama electoral, razones atractivas para modificar ese comportamiento. Las pruebas están al canto. En los silos bolsa.

Es cuestión de observar con apenas un cachito de detenimiento.

Claro que siempre será más fácil que eso aludir a la “soberbia y ausencia de voluntad de diálogo del gobierno nacional”. Fíjense, si no: ocupa, decir tal cosa, menos de dos renglones. 

miércoles, 20 de febrero de 2013

Los 200 años de la batalla de Salta y el pensamiento político nacional

La batalla de Salta, de la que hoy se conmemoran 200 años, coronó la epopeya del éxodo jujeño, iniciada por el general Belgrano un par de meses antes --en agosto de 1812--, en lo que, en suma, significó un giro operativo extraordinario en relación a los ideales de mayo de 1810.

La revolución, recordemos, y contrariamente a lo que por años sostuvo la historia oficial, no era nacional; es decir, no se proponía separar a Argentina --que por otro lado era entonces un territorio más extenso que el actual, pues incluía a los actuales Paraguay, Uruguay, Bolivia y partes de Brasil, Chile y Perú-- de España, sino que fue un capítulo más, de tantos que hubo en los dominios geográficos de la corona ibérica, de la lucha interna entre liberales y absolutistas, que a su vez descendía de la fractura abierta por la Revolución Francesa en 1789.

En definitiva, se trataba del diferendo entre quienes sostenían la necesidad de un sistema político democrático y republicano, con más un esquema de igualdad de derechos ciudadanos, versus los que insistían en mantener la monarquía absoluta, sustentada en el origen divino del poder y la desigualdad social en amplio sentido.

Ese escenario se desarrollaba tanto en suelo español como americano --español de segunda clase--. 

La Revolución de Mayo, así las cosas, depositó el poder en la Primera Junta, de modo provisorio, y en nombre del rey Fernando VII, a quien se creía enrolado en los mismos ideales liberales que sostenían a los actores del 1810 porteño. Visto está, así las cosas, que no era la voluntad de separarse de España que los animaba, sino pertenecer a ella en pie de igualdad con las provincias peninsulares y con los ciudadanos allí residentes.

Regresado el monarca, que estaba prisionero de Napoleón, al trono, y notificados los americanos de que se habían equivocado respecto de sus aspiraciones (las de Fernando), que eran en realidad las de perpetuar el absolutismo, pasó a ser necesario, ya entonces sí, separarse de España; es decir, nacionalizar el proceso para sostener los ideales que en Europa comenzaban a ceder terreno.

A esto respondió la estrategia en el norte: en tanto mucho de la ciudadanía de Salta, Jujuy y demás, mayormente las clases acomodadas de dichas provincias, eran partidarios del recupero de estas tierras por parte de los ejércitos absolutistas, abriendo en consecuencia el paso a ellos desde el norte, urgía arrasar con ese espacio para que a los realistas se les dificultara la maniobra.

En suma, quebrar las consecuencias negativas de la transversalidad paradójica que implicaba la presencia, entremezclada, de, por un lado, americanos partidarios del absolutismo monárquico --los ya mencionados norteños argentinos, y también la mayoría del ejército derrotado por Belgrano en Salta: de hecho, quien lo comandaba, general Tristán, era altoperuano, y había sido compañero de estudios del prócer argentino--; y por el otro, españoles liberales --como varios de los que formaron en la Primera Junta--. 

De hecho, una vez cumplidos los objetivos militares, Belgrano trató de sumar a los nacionales militantes del bando enemigo a la causa independentista: por eso perdonó a los prisioneros españoles capturados luego de vencer en Salta, muy bien entrenados. Los hizo jurar que nunca volverían a tomar las armas contra América: creía en seducir de esa forma a los que entendía sus compatriotas, para que así decidieran ingresar en las filas revolucionarias.

Erró aquella vez el creador de la bandera: traicionaron, los godos, esa jura, y fueron claves en las derrotas patriotas en actual territorio boliviano. Contra esa hipótesis se había levantado el coronel Manuel Dorrego, segundo de Belgrano y convencido de la necesidad de fusilar a los detenidos. No confiaba en el juramento solicitado por su jefe, y tuvo razón. Por tal desacuerdo, Dorrego fue degradado por Belgrano, separado de la tropa, y su ausencia resultó decisiva en las derrotas posteriores, tanto como su presencia lo había sido para los triunfos de Tucumán y Salta.

Son, ésas, las diagonales atrapantes que traza la historia: Belgrano no perdonó de Dorrego el gesto de desobediencia que él mismo había tenido con Rivadavia --que le ordenaba no combatir en Tucumán, bajar a Córdoba y regalar el resto del terreno patrio--, y que había resultado la llave maestra de los éxitos por estos tiempos recordados.

Y son también las cuestiones inexplicables que el relato oficial mitrista construyó: Belgrano, siempre contado como hábil diplomático y flojo militar, en realidad había redondeado una estrategia de armas impecable --retrocediendo en su marcha para luego retomarla y expulsar para siempre a los monárquicos de aquí--, que luego echó a perder, en gran medida desde lo político, por su aceptación de una capitulación honrosa de Tristán con más las disculpas otorgadas por sus soldados.

Y decimos en parte porque lo militar influyó en Vilcapugio y Ayohuma, aunque ésas no eran cuentas que sea justo imputar a Belgrano en exclusiva: atacar el Alto Perú desde nuestro norte era en sí mismo casi imposible a partir de los recursos con que se contaba, por los costos que suponía en una geografía de clima y suelos muy hostiles. De eso se dio cuenta, luego de analizar varios fracasos más que el de su amigo “general improvisado” --que sólo fue el último de una larga serie: antes también había caído allí, por caso, Castelli--, tiempo más tarde, el general San Martín para elaborar el plan de liberación finalmente victorioso: el cruce de Los Andes.

Así y todo, descalificar a Belgrano como conducción de ejércitos, siendo que fue dueño de la definitiva victoria independentista obtenida en suelo argentino, es a todas luces excesivo. Tanto como encerrar a San Martín apenas en su faceta militar, a pesar de que conquistó Lima, tiempo después… sin percutir un sólo disparo. Ocurre que ése, el de las armas y nada más, era el San Martín que requería destacar la prosapia golpista que amenazaba ingresar a escena en la década de ’30.

Jauretche enseñó que un pensamiento político requiere de una clarificada línea histórica. De allí la necesidad vital de estar siempre machacando sobre estos asuntos: las utilizaciones a que siempre estuvieron sometidas lo imponen.

lunes, 18 de febrero de 2013

El triunfo de Correa y la ausencia de competitividad en la política sudamericana


Rafael Correa arrasó en las elecciones presidenciales de Ecuador, y obtuvo así su segundo y último mandato consecutivo, según lo dispuesto por la Constitución ecuatoriana actual --similar en esos términos a la argentina, contrariamente a lo que mintió alguna vez el operador Alfredo Leuco, quien sostuvo que en Ecuador la reelección presidencial es ilimitada--. En general, parece ser una costumbre que se afianza en Sudamérica por estos tiempos, la de comicios no competitivos.

Cristina Fernández más que duplicó a su segunda en 2007 (Elisa Carrió), y se convirtió en la candidata más votada desde el retorno democrático de 1983 en 2011, en lo que constituyó, además, la segunda victoria más contundente de la historia nacional --casi 38 puntos de gap, sólo superada por la diferencia que el general Perón marcó con Balbín en 1973-- y la quinta persona más votada en el mismo lapso, detrás de las tres participaciones del fundador del justicialismo y de la reelección del doctor Yrigoyen. Con la salvedad, en el caso de Cristina, de que significó la tercera victoria consecutiva de un mismo proyecto político, dato, ése sí, inédito.

Evo Morales obtuvo guarismos similares tres veces consecutivas en Bolivia --dos elecciones presidenciales y un referendo revocatorio; tampoco allí hay reelección indefinida del jefe del Ejecutivo, también en este caso a pesar de Leuco-- y Hugo Chávez en cuatro oportunidades en Venezuela --tres comicios generales y un referendum--, único país de la región que no contempla limitaciones a la posibilidad de postularse a la presidencia.

El comandante jefe de la Revolución Bolivariana debió sudar, aunque apenas un cachito, en su último triunfo, ante una coalición opositora multicolor que postuló al gobernador ultra conservador del Estado de Miranda, Henrique Capriles, pero ello en un contexto extraordinariamente atípico, con la salud del presidente en duda --que mermó su despliegue de campaña-- y en medio de un clima enrarecido en que la campaña opositora estuvo intervenida por elementos extrainstitucionales como pocas se ha visto, hasta desde el exterior. Así y todo, la ventaja se estiró hasta superar los diez puntos.

La mejor prueba del carácter extraño de aquel acto vino pocos meses después, cuando se celebraron en Venezuela elecciones locales en las que el chavismo, aún sin su líder en cancha, y ya desinflada la furia del conglomerado de la derecha y asociados varios sin referencia aglutinante a adversar --su único programa--, arrasó, reteniendo todo cuanto puso en juego y aún recuperando algunas gobernaciones que estaban en manos de sus rivales.

En Brasil, Lula y Dilma obtuvieron sus respectivos triunfos tras sortear sendos balotajes, situaciones que tanto el ex jefe metalúrgico como la ex guerrillera superaron siempre de manera más que holgada; pero tampoco allí las oposiciones --algo más formales que en el llamado eje bolivariano-- parecen en aptitud de poner en duda las posibilidades del PT.

Chile y Uruguay son casos aparte: en el primero, el juego tramita --en el marco de un panorama en que los protagonistas guardan pocas diferencias entre sí-- a través de las reglas construidas por la dictadura que encabezara el general Augusto Pinochet, aún a más de veinte años de recuperada la democracia formal. Los orientales, por su parte, donde tampoco existen partidos con distinciones programáticas, han sido siempre más tradicionalistas, no obstante lo cual es muy improbable que el sucesor del presidente Mujica no provenga del oficialismo, a pesar de que los dos partidos opositores, otrora dominantes, suele funcionar en tándem automático, y de memoria, contra el Frente Amplio gobernante.

Lo dicho, Rafael Correa ha sido confirmado en su cargo por márgenes superiores a los 35 puntos, que en 2009 habían sido más de veinte. En Paraguay, por último, gobierna una dictadura. Vale agregar que tanto en Ecuador, como en Venezuela y Bolivia, han tenido lugar, en la última década, procesos de reformas constitucionales edificados a partir del elemento de la soberanía popular, en los que las cifras aprobatorias volaron a alturas asombrosas.  

Y el dato más interesante que rodea a todas estas cuestiones, es que tanto estos últimos tres países como Argentina elaboraron sus actuales tiempos políticos a posteriori de sendos quiebres institucionales movilizados por gigantescas protestas populares. Eso es lo que diferencia sus rutinas democráticas de las de Brasil y Uruguay, que estuvieron cerca de precipicios similares pero los evitaron apenas a tiempo, habiendo sido innecesaria entonces la reconstrucción constituyente que requirieron aquellos. Así y todo, sólo en Chile se hace imposible advertir la existencia de espacios posneolierales como los que, en mayor o menor medida, gobiernan en los restantes países acá comentados, y que organizan los respectivos ejes de contradicción política.

De lo que se trata es de responderse por qué razón la incertidumbre es el gran ausente de los últimos acontecimientos electorales de la región.

Durante la Asamblea Legislativa que procesó el reemplazo de De La Rúa en diciembre de 2001, el doctor Raúl Alfonsín dijo que se había llegado a tal situación por la pérdida “de gran capacidad de decisión nacional”, situación en la que los “lobbys empresarios del capitalismo concentrado muchas veces tuvieron mayor fuerza que todo el gobierno representativo”, textual. Y viene a cuento de varias de las cuestiones que estuvimos comentando acá desde iniciado 2013.

Dijimos, el pasado 4 de febrero, a estos respectos, que “(…) el kirchnerismo es la única fuerza política argentina del tablero partidario actual que pertenece al universo de ideas post 2001; la totalidad de sus adversarios, en cambio, cabalga sobre la premisa única de operar la devolución del gobierno del Estado a la gramática de los mercados, un retorno liso y llano a las lógicas 1983/2001”.

Para muestra, un botón: la última e ilegal solicitada de campaña publicada por Francisco De Narváez reza ‘Ella o vos’, pretendiendo que con ello plantea una contradicción entre la totalidad de la ciudadanía y la presidenta de la Nación. Lo interesante es que reserva para sí mismo, el responsable de la publicación, ningún lugar. Se pone por fuera, rechaza la representación, que es a lo que esencialmente debería aspirar como dirigente opositor.

Absolutamente en línea con lo que planteamos en el párrafo antes citado: De Narváez es parte de un colectivo que no concibe otra forma de gobernar el Estado que la entrega de las funciones que le competen como tal a la actividad privada. Y en ello no existen diferencias entre el FAP, el peronismo opositor, la UCR y el resto de los que integraran el tristemente célebre Grupo A, que dominara, con desempeño paupérrimo, el Congreso entre 2009 y 2011.

En tanto el único espacio que se plantea representar, y de hecho representa es el kirchnerismo, a partir de lo cual construye diferenciales de poder abismales, mal puede sorprender que haya superado por casi 40 puntos a su segundo en 2011 tras un muy accidentado ‘07/’11. Con observar apenas por arriba lo que fue la última campaña presidencial ecuatoriana o los panfletos de campaña de Capriles en Venezuela, surge nítida la familiaridad de lógicas entre relatos como el de De Narváez y los de las restantes oposiciones regionales.

Lo cierto aquí es que la discusión está planteada transversalmente en todo el espacio sudamericano en términos similares: el retorno a los programas neoliberales --en nuestro caso, a 2001-- o lo actual que es, por lo menos, un stop a la repetición incuestionable de las lógicas que hundieron a la región desde la década del ’80 y hasta bien entrado el siglo XXI, y que actualmente tienen en jaque a Europa. Es decir: es los unos o el vacío.

Restaría agregar que el propio hecho de los saludos que personalmente se dedican entre sí los distintos mandatarios sudamericanos cada vez que triunfan habla a las claras de las distancias de calidad que separan a los contendientes en cada país, lo que hace imposible hablar de disputa entre proyectos, en tanto unos no cuentan con tales, pues la pertenencia a una traza continental, en estos tiempos del mercado global regionalizado, se hace imprescindible. En Argentina es usual que los dirigentes opositores hablen de Lula, quien sin embargo manifiesta repetidamente sus ganas de cambiar de domicilio a nuestro país para… votar por CFK.

Claro que repasar todas estas cuestiones implica una complejidad mucho mayor que acusar a las supuestas demagogia populista y competencia desleal en que incurrirían los gobiernos de Sudamérica. 

jueves, 7 de febrero de 2013

Viaje a las cloacas del submundo cacerolero

El dirigente de PRO Miguel Del Sel dijo, ante público, en tranquilidad y con plena conciencia, que la presidenta CFK es una "vieja chota hija de puta", y que le gustaría revolearle un plato de comida por la cabeza de una patada, en medio de lo que se pretendía una rutina humorística durante la cual no ahorró improperios discriminatorios para nadie. Una semana después, Axel Kicillof fue atacado salvajemente por una patota miserable formada por pasajeros de un viaje a Colonia, Uruguay, en clase turista de Buquebus, cuando regresaba de vacacionar en familia, ante el llanto de sus dos hijos, ambos menores de 5 años, lógica y visiblemente alterados por el hostigamiento que sufría su padre.

Se trata de establecer conexidad, si se entendiera que existe, entre ambos episodios; y de rastrear las motivaciones que pudieran originarlas.

La horda de canallas que atacó a Kicillof reclamó por las restricciones que se dispusieron sobre el acceso al dolar para turismo o ahorro, supuestamente diseñadas por el viceministro de Economía, habitualmente acusado, cual si ello constituyera delito, por marxista desde las usinas de la prensa comercial dominante. Reprochaban que el funcionario hubiera accedido a divisas para su excursión.

El Banco Central argumentó, en un informe publicado durante la última semana de julio de 2012 (analizado por Alfredo Zaiat), sobre el control de cambios: "Las preferencias por acumular activos externos por parte de agentes económicos locales con capacidad de ahorro deberían, en contextos de estrés actual o potencial, subordinarse a otros usos más eficientes de los dólares disponibles (…) pagar las importaciones de bienes y servicios, cancelar los intereses y las amortizaciones de la deuda pública y privada, y a la acumulación de un nivel de reservas internacionales compatibles con el esquema de flotación administrada del tipo de cambio."

Explica que hubo "(...) la menor cosecha producto de la sequía (y por ende, menores exportaciones) y la aparición de un significativo déficit en la balanza comercial energética. (…) elementos derivados de la crisis internacional (…) reducciones en las ventas externas hacia nuestros socios comerciales, resultado de una caída en la demanda en esos países, que ocurrió simultáneamente con las devaluaciones de sus monedas (Brasil). La combinación de estos eventos puntuales, algunos de los cuales son de carácter transitorio, generó un escenario de menor holgura en el sector externo. (...)"

Y añade: "(...) es relevante preguntarse si es apropiado que un país que ha sabido aprovechar el cambio del escenario internacional para remover una de las grandes limitaciones para el desarrollo, tenga que volver a toparse con este límite, pero ya no como consecuencia de una restricción estructural sino porque una parte de su población percibe que la dolarización de sus ahorros podría llegar a ser la estrategia que maximice un retorno financiero privado (...)"

Agregando: "La cuestión clave radica en determinar si toda la economía argentina debe convalidar los costos que significarían modificar bruscamente su tipo de cambio ante alteraciones en la oferta y demanda de dólares originada en razones exclusivamente financiera. Para afrontar esa situación, requiere ponderar otros interrogantes (…)"

¿Debe, en las condiciones internacionales señaladas, el sector público endeudarse externamente para financiar la mayor demanda de divisas de la parte de la población que desea dolarizar una parte de sus ahorros? ¿Debe fomentar en forma subsidiaria que otros agentes privados o jurisdicciones subnacionales se endeuden para obtener esos fondos? ¿Debe facilitar todas las reservas internacionales que le sean demandadas? La respuesta es negativa a esos tres interrogantes, como a la opción de la devaluación."

En definitiva, la cuestión pasa por determinar si un ciudadano, en tanto integrante de la sociedad, está dispuesto a realizar un sacrificio individual en función de un objetivo colectivamente --y democráticamente, cabría agregar--  juzgado como superior. No parece ser positiva la respuesta a dicha pregunta por parte de un gran sector de la sociedad argentina, formateada por las limitantes que impuso a la idea de proyecto común de nación lo actuado por el Proceso de Reorganización Nacional. Y en consecuencia se reacciona. El menemismo, como tiempo cultural, más tarde, agregó la consagración del interés propio como el único válido.

Miguel Del Sel, por su parte, casi llega en 2011 a gobernador de la provincia de Santa Fe; arribó a tal posición de expectativa a caballo de la popularidad que le granjeó su carrera como humorista; y también de la gobernación desastrosa del doctor Hermes Binner, que llevó a la provincia casi hasta la quiebra tras haberla recibido con anchos márgenes superavitarios. Del Sel es el prototipo de dirigente trasplantado a la acción pública desde la actividad privada, práctica diseñada por el menemismo durante los años noventa, a tono con la prédica neoliberal, consagratoria del individualismo más extremo --"sálvese quién pueda"-- y entrega al sector privado de tanta función estatal como fuera posible.

Uno de los teóricos máximos del Estado minimalista o subsidiario, Robert Nozick, lo expresó sin dobleces: “(…) las personas no están obligadas a ayudar a aquellos menos afortunados (…)”. (Nozick, R. “Anarchy, State and Utopia”, Blackwell, Oxford, 1984, pág. IX). En el mismo sentido, para Milton y Rosa Friedman “una sociedad que pone la igualdad por delante de la libertad terminará al final sin igualdad ni libertad”. Cualquier parecido con frases oídas en un caceroleo no es mera coincidencia.

El experimento que capitanea Maurizio Macri resulta, en la práctica y desde el discurso, heredero indiscutible de aquella tradición.

El cómico es, además, productor pecuario, actividad gracias a la cual, confesó él mismo, es millonario; no obstante lo cual fue capaz, apenas un instante después de dicho reconocimiento, de efectuar un reclamo respecto de la actividad que --se insiste, según el propio Del Sel-- lo hace rico al entonces presidente Néstor Kirchner. Tampoco parecen pertenecer a los sectores más sufridos del plexo social quienes vituperaron a Kicillof en abrumadora y cobarde superioridad numérica.

La complejidad conceptual de las expresiones acá analizadas, nula en ambos casos, frente a una situación que la demanda en grande, como se desprende del informe del BCRA reseñado, expresa, por contraste, la rabia de la impotencia de quienes se saben derrotados y sin razón. ¿Por qué quienes no van más allá de la cortedad del “yo quiero hacer lo que se me canta con lo mío y lo demás no me importa” o del humor básico y chabacano de Midachi iban a saber a plantar sus disidencias con mayor altura y espesor argumentativo? 

La respuesta, así las cosas, parece ser clara: nadie que ostente un nivel de vida aceptable tiene voluntad de ofrecer su aporte personal transitorio en medio de una coyuntura complicada en procura de reducir daños equitativa y mayoritariamente a la población globalmente considerada. Y son capaces de cobrarles por mano propia a quienes dispongan lo contrario.

La guerra declarada por las empresas dominantes del negocio infocomunicacional contra el gobierno nacional nunca puede obviarse, tampoco en esta oportunidad, habida cuenta que contra La Cámpora se ha dispuesto una persecución delatoria que ya roza los límites de lo vergonzoso --incontable cantidad de veces en el caso de Axel Kicillof-- y trae reminiscencias del pasado más sangriento y doloroso, cuando la militancia fuera homologada a categorías delictivas.

Cuando Del Sel vomitó de la forma en que lo hizo, la pregunta era si formaba parte de un arranque aislado o si, por el contrario, representaba algo o a alguien; ahora está claro. Siguen, por el momento, siendo expresiones reducidas: resta comprobar el peso de las mismas a la hora de las urnas.     

lunes, 4 de febrero de 2013

Reforma constitucional y gobernabilidad 2015-2019

Un planteo de Alberto Dearriba en Tiempo Argentino del último sábado motiva replicar engarzando un par de comentarios más esbozados por otros analistas. Dice Dearriba que el kirchnerismo no apostará, porque es utópica dicha posibilidad, a hacerse de los dos tercios del Congreso por medio de las legislativas 2013, sino a generar un clima social de acuerdo reformista con la oposición, del mismo modo que lo hizo Menem, quien aún luego de vencer en las legislativas 1993 no contaba con los números necesarios para declarar la necesidad de la reforma, con lo que fue necesario el Pacto de Olivos tras amenazar y descartar un plebiscito a tal efecto.

La segunda opción que arriesga el columnista tampoco integra el menú de opciones probables hoy día, por una sencilla razón: el kirchnerismo es la única fuerza política argentina del tablero partidario actual que pertenece al universo de ideas post 2001; la totalidad de sus adversarios, en cambio, cabalga sobre la premisa única de operar la devolución del gobierno del Estado a la gramática de los mercados, un retorno liso y llano a las lógicas 1983/2001.

Es decir: el Pacto de Olivos fue posible porque los actores pertenecían a una identidad social representativa similar, independientemente de quien triunfara en las elecciones el programa de gobierno no se discutía; ahora la alternancia partidaria equivale a cambio de proyecto, ergo no hay posibilidad alguna de establecer ningún marco de coincidencias, sobre todo uno que albergue nada menos que la posibilidad de una reforma constitucional.

Podría apuntársenos una contradicción entre nuestra acusación a la clase política gobernante hasta 2001 de cesión de las potestades institucionales de definir el programa de gobierno del Estado, que a su vez fue capaz de reformar la ley fundamental: ocurre que aquello se limitó a algunos maquillajes --en su mayoría inútiles o insanos-- de ingeniería institucional a cambio del otorgamiento a Menem de la posibilidad de reelección --de hecho, y como se observa en la foto que decora el post, se dejó intacta la denominada parte dogmática del texto--.

Hubo también, por supuesto, la inclusión de los tratados internacionales de DDHH, pero el compromiso de cumplimento de los mismos del sistema político fue nulo hasta que el sistema jurídico argentino no se sacudió sus propias marcas de impunidad para con la violación a los DDHH cometidas en nuestra historia y territorio.

La idea de establecer una reforma constitucional supone la previa de la disposición a construir un nuevo marco acabado de sociedad. Alejandro Horowicz ha dicho que “Desde 1975, el bloque de clases dominantes no contiene un programa para una clase dirigente. Sólo se proponen vivir de rentas externas. No tienen mayores propuestas que hacer caja”. Y los distintos integrantes de lo que fuera el Grupo A, al ser no más que la representación política de ese conjunto de actores, beneficiarios del programa neoliberal 1975/2001, están comprendidos por idénticas limitaciones en su terreno de acción.

En ese sentido, Abel Fernández publicó en su blog, el viernes pasado, un post acerca de lo que implicaría el traslado de la Capital del país a otra ciudad. Y dice algo que viene muy a cuento de lo acá comentado: “(…) el traslado de nuestra Capital a Viedma fue una magnífica idea de Raúl Alfonsín. (…) Fue una muestra de debilidad de su carácter, y de la decadencia del radicalismo como fuerza política, que no tuvo la decisión de imponerla ante las objeciones de hombres pequeños sin imaginación.”

E insta: “Provincianos --incluidos los de la provincia de Buenos Aires--: aquí tienen algo para ponerse de acuerdo y empujar, mucho más fácil que la reforma de la coparticipación.”

La pequeñez reprochada por Abel a los protagonistas políticos de la era alfonsinista es la misma a la que nos referimos cuando decimos que las oposiciones al gobierno nacional sólo se proponen el retroceso a las lógicas de la democracia de la derrota, que prohijaron la impotencia de encarar ideas superadoras, como es ejemplo la del cambio de ciudad capital, bastante más complejo que el debate sobre porcentajes de coparticipación --repensar la viabilidad regional va mucho más allá de eso--, complicado sólo por la fórmula imposible a que se ató la revisión del esquema actual en la Constituyente de 1994.

Y que se parece (el diferendo por la coparticipación) bastante a la falta de imaginación para más que lo imputado por Horowicz al sujeto social cuya gestión institucional de intereses es todo el horizonte de todo aquello que no es kirchnerismo.

En definitiva, no parece a mano ninguna opción de reforma, como no sea que el Frente Para la Victoria supere en las urnas su rendimiento de 2011, bastante improbable sobre todo porque se trata de elecciones legislativas, donde los guarismos de todas las fuerzas descienden ostensiblemente; o bien que la oposición quiebre sus acuerdos de representación con el bloque de clases dominantes: very difficult.

Por entremedio de la intrascendencia opositora y la falta de recambio de que adolece el oficialismo, se abre un sendero en el que no parece avizorarse más que el rol protagónico que desempeñará la presidenta CFK en la definición de futuro, pero sin que éste la incluya a ella como posibilidad, lo que traslada las preguntas a la gobernabilidad de los próximos cuatro años.

Bastante lógico, habida cuenta que, por su carácter disruptivo con el statu quo anterior, el kirchnerismo solucionó, junto a otra buena cantidad de cuestiones, el default de gobernabilidad democrática de que se alimentan los esquemas neoliberales de gobierno, como enseña Europa de un buen rato a esta parte y como enseñó Argentina cuando ese tiempo se hizo materialmente insostenible y voló por los aires.

Bien que cuando el año pasado dijimos que la hipótesis de una segunda reelección de Cristina “decanta, estructuralmente, como una consecuencia sistémica necesaria”, no hacíamos referencia a nuestras preferencias, sino a una mera descripción panorámica.

viernes, 1 de febrero de 2013

Delasotismo, macrismo, kirchnerismo y la complejidad de armar proyectos nacionales


Días pasados me preguntó un compañero de facultad si no me arrepentía de haber dicho, el año pasado, que en la elección para gobernador de la provincia de Córdoba prefería la victoria del doctor José Manuel De La Sota sobre Luis Juez --y la candidatura testimonial de Oscar Aguad--. Respuesta: no me arrepiento, sigo pensando lo mismo.

¿Hubiera sido mejor para el kirchnerismo que ganara Juez? Juez hubiese sido igual de opositor, pero administrativamente --por así decirlo-- a cualquier ser racional deja más tranquilo que sea Gallego quien está a cargo de la provincia, pues, independientemente de que se acuerde o no con él en términos ideológicos, lo cierto es que no se trata de un irresponsable como Luis Juez, ni un vago como Maurizio Macrì. Comprende, el actual gobernador mediterráneo, sobre gobernabilidad sistémica.

El acuerdo con De La Sota posibilitó la llegada al poder de varios intendentes y legisladores provinciales del Frente Para la Victoria como parte del acuerdo en el PJ unificado; Luis Juez no ofrecía esa variable. Es decir, se pagó el precio de hacer un gobernador opositor, a cambio de, por fin, vertebrar un armado propio en una provincia en la que recién en 2011 el kirchnerismo pudo obtener un triunfo, cuando la lista de candidatos a diputados nacionales auspiciada por la presidenta CFK primó en las PASO, obligando al retiro de las generales de octubre de la de De La Sota; y la propia Cristina lideró tanto en agosto como en octubre las presidenciales en dicho territorio, en línea con su rotundo desempeño nacional.

Nosotros demostramos, en un post del año pasado, con datos fríos en las manos, que Juez triunfó en la provincia sólo cuando kirchnerismo y delasotismo marcharon separados.

Y dijimos: “(…) donde pesa más la dinámica local, prima el delasotismo; cuando entran a jugar variables nacionales, el kirchnerismo hace valer lo suyo. Pero se insiste: el de Córdoba es, a la fecha, y visto lo hasta acá acontecido, un marco no definido, en el que el triunfo será para el peronismo sólo si marchan unidos el espacio local con el nacional; resolviendo puertas adentro, pero sintetizando a fin de cuentas. Nadie está en condiciones de cortarse sólo. Ni sola. (…) calibró mal DLS: primero, reconoció la necesidad de unificar el sector como clave para triunfar, y tuvo razón; luego de vencer, se sintió dueño exclusivo del asunto… y entonces falló.”

La política es, ante todo, correlación de fuerzas: si hubiese competido en soledad, y por ende con la victoria de Juez, el kirchnerismo habría “sufrido” el mismo nivel de oposición por parte de la gobernación cordobesa, una pata más fuerte para Binner y el descenso a rango de hipótesis del desarrollo de la fuerza propia aunque todavía incipiente: los legisladores locales e intendentes mencionados. Fue lo mejor que pudo hacer, bien que eso es lo que queda las más de las veces en las discusiones del rubro, habida cuenta de la imposibilidad de obtener siempre todo lo que se quiere.

En fin, no hay que dar por el pito más que lo que vale: De La Sota debería tener sin cuidado a Cristina; sus mediciones nacionales nunca han sido destacadas, sus actuales cursos de acción tienen escaso peso por fuera de las tapas de Clarín. De hecho, recibe el apoyo de un sector del sindicalismo opositor que viene de protagonizar dos fracasos gigantescos: el paro general escasamente convocante del 20 de noviembre último, que no tuvo éxito por fuera de piquetes obstructivos de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, y la manifestación del subsiguiente 19 de diciembre, que evidenció la testimonialidad raquítica de Moyano, Micheli y Barrionuevo.  

De La Sota no ha podido  trascender nunca las fronteras de Córdoba, sufre de igual dilema que los Rodríguez Saá: dueños, ambos, de las acciones al interior de sus respectivos feudos, nunca han logrado dar el salto de una propuesta nacional, quizás por el exceso de celo puesto en el cuidado del rancho propio. Esto tiene su contracara: obsérvense las dificultades que sufre el kirchnerismo, quizá el único proyecto verdaderamente nacional del tablero político actual, para poner bajo control el juego en su patria chica, Santa Cruz, desde la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación.

Por lo demás, el comportamiento de De La Sota en la cuestión de la TDA, una de las tantas desde la que intenta --y sólo eso, porque es una acción de escaso impacto social-- actuar adversión al gobierno nacional, por estos días tan en discusión, pone de manifiesto a las claras, tanto como el debate por la tarifa del subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires, sobre qué tipo de lógica política pedalean De La Sota y Maurizio Macrì.

Allí donde exista espacio para un negocio privado, no le cabe al Estado sino convalidar incondicionalmente, en el caso de De La Sota. Ese marco implica un precio, y sólo habrá derechos, en este caso a contar con TV por cable, para quienes puedan afrontar su pago. Y quien no pueda, será como en el caso de aquellos que no podían acceder al fútbol codificado: verán las tribunas, observarán como otros disfrutan de lo que ellos son incapaces de alcanzar sin que el Estado deba intentar nada para revertir tal situación.

Lo de Macrì es un tanto más complejo, pero en línea similar: una ecuación, a la que para variar llaman técnica --vocablo cuyo significado ya cuesta ubicar con exactitud--, dicen, diagnostica un precio tal para el boleto. Va de suyo que ninguna de las variables que integran dicha operación, de tipo cuasi matemático, incluye asuntos como la rentabilidad social o el impacto sistémico que pudiera significar tal decisión elaborada con prescindencia de otro factor que la potestad decisoria unilateral que indudablemente ostenta la Ciudad de Buenos Aires. Y no queda entonces ya más resquicio para discutir nada.

Aquello que la gramática comercial dispone, según esta particular forma de entender el gobierno del Estado, es regla fundamental. Lo que en consecuencia determina que el bienestar ciudadano no es contemplado como valor a custodiar en sí mismo, sino una cuestión de rango subordinado a la probabilística de la hipotética buena marcha de otra cantidad de asuntos que concurren al trámite en condiciones de igualdad, sin importar que el primero involucre personas y los restantes no.

Así las cosas, se consagra la imposibilidad de establecer democráticamente un estándar de privilegio popular, en tanto ello se juzga viable sólo en tanto y en cuanto coincida con la decisión mercantil; de otro modo, sólo hay margen para sobrevivir. Son los topes impuestos por la cultura de la democracia de la derrota de que venimos hablando desde iniciado 2013. Y revela que, por fuera del kirchnerismo, toda propuesta electoral, con apenas matices entre sí, no propone otra cosa que la devolución de la conducción del país a la tensión oferta/demanda; el retorno liso y llano a las directrices previas al 19/20 de diciembre de 2001.

Las apoyaturas sociales cuasi inexistentes con que cuentan ambos (De La Sota y Macrì) les dejan la única posibilidad de intentar vertebrar la representación del bloque de beneficiarios del statu quo anterior: frente a eso sí existe una por lo menos primera minoría compacta, sólida, dispuesta a impedir el desarme de lo enhebrado por el kirchnerismo; un porcentaje poblacional contra el cual resulta difícil imaginar la gobernabilidad sin el elemento de las formas represivas que ya no están a mano: el golpe de Estado dejó de ser alternativa y además la sociedad en general ha desarrollado aversión de alto grado e innegociable contra hipotéticas respuestas estatales violentas. 

Frente a eso discute el kirchnerismo, no frente a De La Sota o Macrì en términos individuales. Ya varias veces lo ha venido haciendo con éxito, ése es el vacío que debe llenar en cuanto a lo programático a la hora de ofrecerse como alternativa política nacional en las elecciones de medio término de este año.