martes, 2 de julio de 2013

La retirada kirchnerista; ¿la retirada kirchnerista?

Teníamos pensado hacer referencia en algún posteo a la diferencia que existe entre gobernar y administrar, como eje de diferenciación entre la propuesta del Frente para la Victoria y la del Frente Renovador de Sergio Massa. 

Alejandro Horowicz, con su habitual capacidad para ver más allá que la media, se nos anticipó, en la edición del lunes 1º de julio de Tiempo Argentino. Siete días antes había planteado un panorama sombrío para el futuro del kirchnerismo, al que se sumó Lucas Carrasco. O quizás sería más correcto decir que el autor de Los cuatro peronismos explicó más claramente los motivos del malestar del periodista administrador de República Unida de la Soja, que es en realidad previo a la primera de las columnas que tocamos.

Muy resumidamente, Horowicz arriesgó, primero, que el fallo de la Corte Suprema de Justicia declarando la inconstitucionalidad de la reconfiguración del Consejo de la Magistratura cierra para el kirchnerismo las posibilidades de expresar institucionalmente, en los actuales términos de la cuestión, un programa de cambios respecto del orden inaugurado por el Proceso de Reorganización Nacional, que entró en crisis en 2003 pero sin que haya sido posible todavía sustituirlo por un nuevo y completo esquema político, cultural y socioeconómico. Y que, en línea --agregaba-- con la historia del peronismo, exploró así sus límites, incluso de voluntad: las fronteras legales establecidas. A esto es que adhiere Carrasco.

Una semana después, el editorialista completó la idea: toda vez que el gobierno nacional desatiende la necesidad de operar cambios sobre la estructura del poder real, la cuestión cambia de rango: gobernar supone la construcción de las variables que van a organizar los movimientos, propios y ajenos; administrar, no, se opera sobre lo dado. La diferencia no es menor, remite a la chance de contar, o no, con el control del estatuto de posibilidades. Y en tanto el oficialismo, según Horowicz, desestimó la necesidad de alterar el statu quo, pasando entonces la filosofía --digámosle así-- administrativista a ser la marca de los tiempos nuevos, el paso delante de los intendentes --imbuidos más que cualquier otro de los integrantes del plantel dirigencial actual en esa tónica-- estaba en la más elemental de las lógicas.

(Al menos eso es lo que acá entendimos sobre las reflexiones de la pluma que escribió El país que estalló, y vaya que lo leemos bastante al hombre por estos lados.)

Los días posteriores a la sentencia de la Corte sobre el órgano de gobierno de los tribunales nos trajeron la novedad de un nuevo proyecto de ley que elaboró el bloque de diputados nacionales del FpV, esta vez para otorgar, según estipula la Constitución Nacional, la administración de los recursos del Poder Judicial al engendro creado por la reforma de 1994 --cuya existencia, creemos necesario reiterar, aquí siempre hemos repudiado--. Lo cual, conviene recordar, figuraba en el original que la presidenta CFK envió a tratamiento al Congreso nacional a principios de año; y fue eliminado, vaya uno a saber por qué, luego de una negociación entre la jefa del Estado y el presidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti.

Se sostuvo, así, la actual desobediencia de ley respecto de la manda constitucional, sin que los llamados supremos, ni tampoco ninguno de los pretendidos guardias republicanos de la escena pública, hayan entendido urgente pronunciarse al respecto. Porque, se sabe, la única regla que merece respeto es la que garantiza los intereses de quien lo alega. Carrasco explicó en Crónica del último domingo que la nueva iniciativa impone la necesidad de revisión de los análisis elaborados en los últimos tiempos, sobre todo desde anunciadas las candidaturas para la renovación legislativa venidera, incluso los suyos.

Y no es un dato menor que en la nómina del grupo Justicia Legítima militan varios de los integrantes de la escuela filosófica de las teorías críticas del Derecho, ruta alternativa a las dominantes del iusnaturalismo y el positivismo. Los teóricos críticos sostienen que tras la ley escrita subyace una relación de poder que se sustenta, no sólo en el ocultamiento de esa desigualdad, sino también en albergar, aunque subordinada, la posibilidad sistémica de reformular la ecuación, lo que hace tolerable el desnivel en tanto siempre es, en hipótesis al menos, transitorio.

Sobre eso último, en tanto punto de partida, se puede discutir la conclusión terminal de la bajada de brazos de Cristina Fernández.

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Esta vez vamos a marcar una leve disidencia con las tesis de Horowicz, que en lo habitual nos proveen de soporte argumentativo. Si bien es cierto que el kirchnerismo no ha significado el alumbramiento de una nueva epistemología de Estado, no menos veraz es que sí supuso la condición de posibilidad política del intento de manifestarse en tal sentido de vastos sectores sociales que lo exceden y anteceden en esos territorios. Así ha sido en, por ejemplo, materia de administración tarifaria, donde el lucro privado dejó de ser la variable exclusiva en la definición del precio de los servicios, aún cuando no se favoreció un nuevo modelo de --por caso-- transporte público o de producción hidrocarburífera.

Incluso la nueva ley audiovisual modifica las categorías en materia comunicacional, desde que por ella la información pasa de ser valor de cambio sujeto a ponderaciones mercantiles a derecho humano.

Y no está claro que haya renunciado a continuar jugando ese rol en la trama del devenir nacional. Lo que a nuestro juicio está demostrado en situaciones como la del nuevo intento parlamentario sobre las potestades del Consejo de la Magistratura antes citado. En cualquier caso, si de funcionar como agente de cambio se trata, nadie, salvo el actual partido de gobierno, tiene siquiera discurso a propósito. Es muy discutible, sí, el aspecto táctico de las movidas, toda vez que el gobierno nacional está emprendiendo disputas que Horowicz también entiende esenciales pero a caballo de maniobras con las que disiente. Como vimos, los sustentos ideológicos oficiales no son en este caso rupturistas a la manera en que se lo entiende de manera clásica.

Pero de ello no necesariamente debe deducirse que se haya renunciado a la idea de que es necesario confeccionar márgenes que habiliten gobernar y no conformarse meramente con administrar. Sí es, en cambio, probable que la idea no sea compartida por una mayoría ciudadana. Y que el fenómeno llamado municipalismo haya discurrido por otro carril: una sociedad que ya no está tan convencida de que hace falta radicalizar las acciones. Y que con gestionar lo hasta ahora disponible basta y sobra. Lo que es por supuesto más que discutible. Entonces sí, el debate pasa a ser otro.

Y cabrá preguntarse cuánto de lo obrado por las gestiones locales en diez años, y que hoy sostiene las pretensiones de ascensión en el juego político de la liga de intendentes hubiese sido posible de no haber mediado las modalidades kirchneristas de manejo del poder. Y, por consiguiente, si pueden esperarse mejores resultados desandando los ánimos como algunos pretenderían.

Como venimos diciendo, el secreto está en convencer de los beneficios del conflicto.

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