martes, 13 de noviembre de 2012

Callejón cacerolero II: #9N, Constitución bolivariana, a quién corresponde dar respuestas y la mar en coche


Por suerte, de entre lo mejor que se ha podido leer sobre el #8N sobresale lo que se podría denominar como el dilema de la continuidad del plexo aquel día expresado.

Aburriría --a mí, al menos-- discutir acerca de la legitimidad de la propuesta, que no está --ni nunca ha estado-- en discusión, o sus motivaciones o convocantes (esto sería, digamos, el “hasta el #7N), tanto como de la cantidad de asistentes a la protesta, su mayor o menor espontaneidad y demás cuestiones atinentes a la organización, cómo se comportaron o la calidad de sus respectivos soportes argumentativos (esto es, el #8N en sí).

No. Acá lo que interesa, creo, es el #9N y en adelante. La irrupción de algo nuevo, se verá si es o no un actor hasta acá ausente o qué, tanto como de demandas y formas no tradicionales de expresión y armado imposibles de ser abarcadas a través de los esquemas conocidos es un hecho.

No debe extrañar, es la historia, el correr del progreso, incluso hasta los mismos éxitos del gobierno nacional que influyeron, influyen para que el escenario haya mutado; atraviesa, todo eso, a la sociedad, la reconfigura, y llama a pensar respuestas.

La representación política, así como se la conoce por estas horas, tanto como quienes son sus ocasionales intérpretes, están en el banquillo de los acusados, en medio de una deriva contestataria que no reconoce de identidades de ningún tipo.

Nadie está exento: si el oficialismo ha sido y de hecho está siendo severamente cuestionado, la oposición, en muchos casos, si no en la mayoría, “le chupa un huevo” a casi todos los caceroleros que se pudieron oír en los distintos micrófonos que les fueron abiertos; rechazan pertenencias como pieza complementaria de la excéntrica jugada reclamante --cuestión que más bien origina la peculiaridad de la expresión--.

Y no se que es peor: si que te puteen o que directamente ni te registren.

Si todo aquello que se vociferó en las calles, principales o no, de todo el ancho y largo del territorio nacional, pretende someterse a la convivencia del juego político y a la dinámica institucional, siquiera para que se pueda considerar sincera que la verba republicana ha sido conjugada con sinceridad, no debiera descartarse que se llame a reconsiderar los términos del pacto constituyente.

Tranquilos/as: quedando de lado la quimérica re-reelección, ya acá nos hemos pronunciado en contra de ello.

En ese sentido, la Constitución bolivariana impulsada por Hugo Chávez en Venezuela en 1999, ha incorporado mecanismos novedosos de escrutinio y participación popular, más directa e innovadoras en términos de ejercicio temporal de la misma, que convendría no desatender solo por tratarse de una invención chavista.

Ahí tenemos, en el mismo sentido, los presupuestos participativos de gastos y recursos, inventados por el ejemplar PT cuando le tocó gobernar Porto Alegre.

Siempre será bueno recordar que Chávez logro que cabalgara su proyecto constituyente sobre la implosión del sistema político que lo precedió, y que hizo de su país la ruina que era hacia su advenimiento, en el año 1998.

Acá aún transitamos fases irresueltas de la fractura de identidades partidarias de 2001, cuyo inicio en realidad puede rastrearse --aunque a mi criterio es injusto-- en el Pacto de Olivos de 1993 --me suena idiota la crítica a un acuerdo político como marco previo a decidir una reforma constitucional en ámbitos formales, guste o no lo que allí se haya escrito--.

Pero por si fuera poco, y por increíble que suene, existen dirigentes que hasta rehúsan de su rol primario en la vida cívica, esto es, la representación de la ciudadanía. Pretenden hacer, por ridículo que ello suene, virtud de esa debilidad. Justo será decir que ello está en directa relación con el rechazo que siente para con ellos la cuasi totalidad del universo cacerolero.

Carlos Pagni, columnista opositor del diario ídem La Nación, fue quien, la mañana misma del #8N, antes de la marea humana que tapizó la 9 de julio como hace rato no se veía, firmó una columna en la que advertía que se estaba frente a un fenómeno que nace de la anomalía funcional que implican los casi 40 puntos de distancia que la ciudadanía dispuso que separaran a primera de segunda fuerza electoral en 2011.

Muy lejos del verso del supuesto 46%, la disparidad de fuerzas formales se hace sentir más allá de lo que hace al mero control del que gobierna el Estado ocasionalmente.

En cualquier caso, los ingredientes aquí vertidos hablan a las claras de que, si hubo algo ridículo el otro día fueron los carteles y banderas, en sí mismos contradictorios, que rezaban que la Constitución “no se reforma, se cumple”.

En la columna del debe hay, entiende por lo menos un millón de personas, una lista de pendientes; tramitarlos es la cuestión.

domingo, 4 de noviembre de 2012

'Diario' Clarín, confusión y ley de medios

Como nunca están de más las explicaciones, es justo y necesario comentar algo sobre el último spot que realizó el Grupo Clarín para protestar contra la obligación de ajustarse a derecho respecto de la ley de servicios de comunicación audiovisual a partir del próximo 7 de diciembre, conforme lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia.

El algún momento del mismo, la voz en off que lo habla dice, más o menos, que “si a uno no lo gusta el diario Clarín, puede comprar cualquier otro”. Podríamos comentar los abusos de posición dominante cometidos a partir de la propiedad de Papel Prensa, pero apuntamos a otra cuestión.

Repasemos el artículo 32 de la Constitución Nacional: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.”. El artículo no tiene mucha vuelta, ni posibilidad de segundas lecturas: sobre prensa escrita no está permitido, desde la jurisdicción federal, regular; ni bien, ni mal: nada, lisa y llanamente.

Las razones hay que rastrearlas en el análisis histórico. El artículo fue incorporado a la ley fundamental por la reforma de 1860. En 1859, en Cepeda, el ejército federal al mando del general Urquiza derrotó a las tropas porteñas de Mitre, luego de lo cual Buenos Aires aceptó, Pacto de San José de Flores mediante, reincorporarse a la Confederación Argentina --de la que se había separado seis años antes-- a condición de la posibilidad de sugerir cambios a la Constitución jurada en 1853, que motivara la secesión: entre ellos, la inserción del artículo comentado.

Todo ello --que a mi criterio hace que resulta equivocado hablar de “Constitución de 1853/60”, cual si entre ellas existiera una unidad pacífica, siendo que más bien fue todo lo contrario en tanto hasta medió una guerra para la reforma--, a pesar de que la Constitución originaria había vedado la posibilidad de operar una primera reforma a su texto hasta pasados diez años desde su sanción.

El artículo 32, entonces, fue la respuesta jurídica que encontraron los hombres del poder porteño, casi todos a la vez dueños de diarios --con Sarmiento a la cabeza--, para prevenirse de posibles cuentas que quisiera cobrarse con ellos Justo José de Urquiza --entonces ex presidente y líder absoluto de la Confederación--, cuya persona era denostada constantemente por los jornales porteños con insultos de calibre gigantesco: impedir regulaciones de orden nacional, circunscribir esa posibilidad a las legislaturas locales, siendo que en provincia de Buenos Aires Urquiza no tenía peso alguno.

Durante el debate por la ley de medios, el que era a esa fecha gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, pretendió plantear la nulidad de la discusión a partir, justamente, del artículo 32 de la mal llamada Carta Magna, en defensa, alegaba, de los poderes no delegados por las provincias a Nación.

Apoyado en dicho trámite muy fuertemente por el columnista estrella de La Nación Mariano Grondona, en su caso en repudio al avance de lo que denominó “cultura estatista” sobre ámbitos en los que, a su juicio, “no corresponde, sencillamente, que se meta el Estado”. Lectura a partir de la que solicitó la no existencia de ‘ninguna’ ley de medios, no solo de la actual --que por esas horas era apenas proyecto--, entendiendo que el 32 era hijo de la cultura de Estado ausente que él no se cansa de reclamar y que la concepción liberal del constituyente originario promovió con el texto constitucional que elaboró: falso, en este caso.

Su interpretación, absurda, era que a partir del avance tecnológico debía extenderse lo dispuesto respecto de la libertad de imprenta, según la definición constitucional comentada, al espacio audiovisual.

Dos respuestas sencillas contra dicho planteo:

1. Los servicios de comunicación audiovisual no requieren de ser abordados a través de analogía ninguna, tienen regulación específica en el artículo 75, inciso 19, párrafo cuarto, que establece, como atribución del Congreso, entre muchísimas otras enumeradas en el mismo artículo, la de “Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.”

2. Una serie de fallos de Corte Suprema, previos aún a la incorporación de la norma citada en el acápite anterior --que tuvo lugar con la reforma del año 1994--, en casos en los que distintas provincias pretendieron disputar al anterior órgano de aplicación, COMFER, potestades en términos de regulación del espacio audiovisual, determinaron que la competencia en el tema es de orden federal.

Fueron invocados, en dichos pronunciamientos, los actuales artículos 75, inciso 13 (antiguo artículo 64, inciso 12), que dispone como otra facultad del Congreso la de “Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí.”, entre lo que se entendió incluida la actividad radiofónica; y la regla general contenida en el primer párrafo del artículo 75, inciso 19 (el viejo 67.13), la llamada “cláusula de progreso”, a los fines de lo cual se otorgan facultades normativas al Congreso.

En dichos fallos hasta se ha ordenado a las provincias abstenerse de aplicar normas locales de radiodifusión que requiriesen conformidad de la autoridad nacional y no contaran con ella.

Cualquiera sea, entonces, el ángulo desde el que se pretenda abordarlo, el planteo de Clarín es absurdo, inconducente, y tiene como único objetivo sumar a la confusión en la discusión que se da por fuera de los foros institucionales, además de no hacer al debate, toda vez que la ley de medios, por enésima vez se insiste con esto, no trata sobre gráfica.

Y lo cierto es que, en realidad, la propia empresa, siempre será bueno repetir esto, alega en las pantallas, sin fundamento alguno, lo que ni siquiera se ocupó de plantear en su demanda judicial --precisamente porque carecería para ello de soporte probatorio--, por medio de la cual reconoce no estar discutiendo otra cosa que hipotéticos y futuros perjuicios económicos en razón de la aplicación de la ley de medios.

Por todo lo expuesto, coincidiendo en lo que acá interesa con la demanda de Clarín, y parafraseando a la Corte, “estando vencido el plazo legal, y por efecto de la finalización de la cautelar, a partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del art. 161 de la ley 26.522 y se aplica a la actora (...) con todos sus efectos a partir de la fecha indicada”. Cúmplase.