miércoles, 31 de octubre de 2012

Voto a los 16

La doctora Beatriz Inés Fontana, laboralista de nota, camarista del fuero y destacada doctrinaria en la materia, escribió unos muy bonitos apuntes de cátedra que tituló El conflicto en el origen del Derecho del Trabajo, que este comentarista debió leer cuando cursó la materia Negociación Colectiva en la comisión cuya titularidad ejerce la mencionada.

El texto intenta establecer motivaciones históricas del surgimiento del Derecho del Trabajo. Menciona Fontana entre las razones principales a la conflictividad acelerada por las primeras coaliciones, antecedentes de los gremios, a partir de las reconfiguraciones que en materia productiva produjeran las sucesivas revoluciones industriales en un contexto en el que las llamadas entidades intermedias --los gremios son un ejemplo de ellas-- eran consideradas delictivas, en tanto interferían la dinámica “normal”, “logica” de la ley de oferta y demanda, violando, a la sazón, la regla de oro instituida por la Revolución Francesa: nada entre hombre y Estado.

Influyó sobremanera, también, una necesidad patronal: la de subsanar la deslealtad entre los propios competidores, sujetos de máxima consideración durante la fase liberal clásica del Estado, para con la mencionada normativa fundamental, en tanto los abusos de mano de obra infantil y femenina y la jornada laboral extensa significaban vías para primar sobre el adversario mercantil en base a productividad obtenida en formas non sanctas. No casualmente los primeros convenios de OIT regularon sobre esos aspectos.

Va de suyo que acompañando todo esto tuvieron lugar los cuestionamientos doctrinarios aportados por Carlos Marx, desde un costado más radical, y la doctrina social de la Iglesia pronunciada por la encíclica Rerum Novarum.

Por último, Fontana llama la atención sobre la conquista del sufragio masculino. Una vez que los obreros devinieron sujetos políticos y de derecho, ingresando a la ciudadanía, al menos electoral, y a que con ello hubo el surgimiento de formaciones de izquierda, los dirigentes políticos tradicionales incorporaron a las agendas las demandas de ese nuevo sector de la sociedad, apostando a expresarlos institucionalmente.

Mañana la Cámara de Diputados de la Nación tendrá a consideración el proyecto de ley sancionado por el Senado por el cual se propone otorgar derecho optativo a voto a la franja de ciudadanos/as que cuentan con entre 16 y 18 años de edad.

Desde las tribunas opuestas a dicha posibilidad, como es regla, se ha mentado a la iniciativa como maniobra oscura y perversa que en verdad esconde un propósito meramente electoralista en función de habilitar una hipotética aventura re-reeleccionista de la presidenta CFK bajo el disfraz de una pretendida iniciativa de ampliación de derechos, en este caso políticos.

Así las cosas, el oficialismo pretendería no más que ampliar sus bases de sustentación electoral, hasta ahora insuficientes a los fines de reformar la Constitución --como teóricamente se propondría--, a través de un sector etáreo al interior del cual contaría con altísima adhesión.

Ello, pese a que todo, desde las intenciones continuistas hasta la hegemónica pertenencia kirchnerista del sector adolescente, no supera el rango de supuesto, y que la significación cuantitativa del espacio a incorporar es cuasi ínfimo en relación al padrón habilitado para los comicios de 2011, por lo que aún verificadas las predicciones opositoras al proyecto lejos estaría el oficialismo de bastarse en sus pretensiones “eternizantes”.

Pero son interesantes otras de las cuestiones que se alegan en función de lo que fuera la introducción al presente post. En palabras del columnista de Clarín Osvaldo Pepe, “hay que poner ese derecho que se otorga en el marco de otros que flaquean dentro de esa franja etárea.”. Por cierto,  nadie desde el oficialismo que ello no sea cierto, ni que lo apuntado por Pepe deba subordinarse temporalmente o subjerarquizarse en cuanto a importancia. En efecto, existen, a dichos respectos, cuentas pendientes, y que sería deseable que se atiendan pronto.

Uno no puede evitar reincidir en la perplejidad que provoca el creciente desprecio que se viene observando desde tribunas como la apuntada para con las urnas, que aparentemente no le alcanzan a distintos gobiernos de la región para ser admitidos como democráticos, no casualmente en concomitancia con la impotencia electoral que cada vez con mayor frecuencia vienen evidenciando las opciones electorales a las que apuesta el establishment extrainstitucional.

Lo cierto es que a los fines de la agenda que con acierto levanta Pepe el elemento de la participación democrática ciudadana es, a nuestro criterio, premisa fundamental. Ninguna de dichas demandas puede siquiera pensarse si no es en el contexto de la profundización de la participación democrática. En tiempos en que las capacidades estatales flaquean de poder frente al poder empresarial globalizada, hambrientas como están las instituciones de la república de ampliar sus bases de sustentación ciudadanas como factor de contrapeso frente a actores cuyas facturaciones muchas veces superan el PBI de determinados países.

Tenemos ganas de pensar a la democracia, por una vez al menos, más que como meta, como punto de partida desde la cual abordar la tramitación de los objetivos programáticos a que, según entendemos, podemos y debemos aspirar. Y que aunque más no sea que por hacerse del acompañamiento en las urnas de la pendejada, la agenda pública se decida a incorporarlos con mayor énfasis.

Mañana el Congreso tiene una oportunidad inmejorable de sacudirse, al menos un poco, el lastre nefasto que arrastra desde que otorgó su aprobación al proyecto nefasto de nueva LRT. Desde acá hacemos votos a por ello.

sábado, 27 de octubre de 2012

Dos años del día en que se nos fue un amigo


Dos años sin Néstor. Soy kirchnerista desde el segundo día de mandato de NK, por esto que se ve acá en la foto.

Kirchner viajó, aquel 27 de mayo de 2003, a Entre Ríos para, en persona, destrabar un conflicto sindical docente local, en razón del cual a esa fecha ¡todavía no se habían iniciado las clases en dicha provincia!

Lo vi, nunca me voy a olvidar, en Telenoche. Tenía yo entonces apenas 16 años. Y todavía recuerdo que, cuándo no, fue entonces criticado por "entrometerse en una problemática que no incumbía a sus potestades. El presidente no debe estar en ese nivel de detalle". Cosas por el estilo. Que, también recuerdo, ya por esos tiempos me molestó. Porque noté al toque la mala leche de los comentarios.

Hoy, en cambio, a Cristina la responsabilizan hasta por el último alfiler que se cae en Choele-Choel. Eso de la coherencia.

Ese día, por ese gesto, me di cuenta de que el tipo cuya victoria yo no había deseado tenía algo distinto, y que valía la pena acompañarlo, ilusionarse. El resto fue yapa, y ya lo hemos comentado millones de veces acá, sobra hoy reincidir.

Se lo extraña. Se le agradece.

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El compañero Néstor Kirchner podría estar hoy aún vivo. Se cuidó, desde que supo que su salud era precaria, poco y nada; más nada que poco. Si se hubiese dedicado a cuidarse, si hubiera bajado un par de cambios, si...

¿De qué hubiese servido? No habría sido él mismo. No habría sido el que conocimos, el que nos convenció. 48 horas después de su segundo ataque --del tercero no iba a salir-- estaba en el Luna Park junto a la Juventud Sindical y a La Cámpora para celebrar un acto junto a Cristina. Se lo veía demacrado. Un normal no estaba para ningún acto...

Es decir: tuvo que elegir, entre su vida, su salud, o sus convicciones y las luchas en las que creyó. El resultado fue el infarto de miocardio que hizo trizas la angioplastia que le habían practicado horas antes de aquel acto en el Luna, menos de un mes antes de morir.

En esos últimos casi 30 días de vida, presidió la reunión de Unasur que sentó la posición continental fortísima en defensa de la democracia cuando un golpe de Estado amenazaba al compañero presidente de Ecuador, Rafael Correa. Eso fue a las 21 hs. del 1º de octubre de 2010, en Capital Federal. A las 19 hs., aproximadamente, estaba en un acto del PJ, que también presidía, en... ¡Entre Ríos!

Esa forma de vivir, a mi criterio, hace a los grandes hombres. Néstor, entonces, fue un gigante.

viernes, 26 de octubre de 2012

Menos, un paso atrás (acerca de la nueva ley de riesgos del trabajo)


"Cuando tengo una duda, me acuesto pensando en eso; si cuando me levanto persiste mi duda, leo La Nación y hago exactamente lo contrario”, Arturo Jauretche. (Editorial de La Nación del día 22 de octubre de 2012 en apoyo a la nueva ley de riesgos del trabajo, acá: http://www.lanacion.com.ar/1519416-la-ley-de-riesgos-del-trabajo.)

Aún cuando Hugo Moyano haya sido por demás injusto con Héctor Recalde durante la última reunión de comisiones en Cámara de Diputados durante el debate por la nueva ley de riesgos de trabajo, previo al tratamiento en el pleno del recinto, el hijo del jefe de Camioneros, Facundo, definió la situación con una brillantez tal que este post hará suyo su comentario en Twitter al respecto a modo de apertura: “Si bien no se avanzó todo lo q los trabajadores necesitan en materia d legislación laboral, nunca se había ido en contra d sus intereses.”.

En efecto, la reforma a la ley de riesgos de trabajo, aprobada el pasado 24 de octubre por el Congreso de la Nación, prolonga y aún empeora las disposiciones en la materia respecto de las modificaciones que había operado la ley 24.557, sancionada durante el segundo gobierno del doctor Carlos Menem. Dicha norma concretó acabadamente un viejo anhelo patronal: la constitución de un régimen de responsabilidad específico en materia de accidentes y enfermedades laborales que, además, los eximiese en forma personal (a los empresarios) del sistema de responsabilidad diseñado por el Código Civil entre sus artículos 1109 y 1113. (Salvo el caso de dolo malicioso por parte del empleador, previsto en el artículo 1072 del Código Civil: difícil, de todos modos, que se ocasione, o que dado el caso se lo pueda probar)

La 24.557 pretende un esquema cerrado, autosuficiente, omnicomprensivo de todas las posibilidades siniestrales imaginables --ya que al evitar la fuga del sistema hace previsible su costo--, cuya administración fue conferida a las ART, entidades de derecho privado dedicadas al negocio del seguro, bajo supervisión de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Superintendencia de Seguros de la Nación --con más una serie de otros actores dispuestos a diversos fines del procedimiento, en un entramado complejo para el común--.

A tono con la dinámica neoliberal, por entonces en auge, el Estado se desligaba de funciones, en este caso del otorgamiento de prestaciones de seguridad social (artículo 14 bis CN), reservándose, apenas, el control de las operaciones, que pasaban a estar a cargo de particulares. La innovación recogió la técnica del seguro privado, diseñada por el canciller Otto Von Bismarck --en lo que fuera la génesis de la seguridad social, a fines del siglo XIX, en Alemania, en pleno despliegue de la II revolución industrial--, y se la impuso a los empleadores desde el Estado. Contraria, entonces, a la tendencia a la universalización, a la larga generó problemas por los efectos del proceso deslaborizador y de informalización del mercado de trabajo.

Tal cosa solo es posible si se encara el asunto desde una perspectiva que considere al trabajador no más que como otra pieza del proceso productivo, un mero factor de costo del mismo, que requiere de ser enmarcado, en vez de como lo que en verdad es: un ser humano. De allí que las contingencias que generan derecho a indemnización hoy figuren listadas casi a modo de menú, de modo de tener, como también muy bien dijo Facundo Moyano ya en su participación en el recinto durante el debate, previstos los costos de las lesiones de los empleados. 

Por otro lado, la norma está plagada de fallas técnicas inverosímiles y redacciones enrevesadas y por demás confusas, en lo que fuera también una tendencia de época: la doctora Irene Vasilachis de Gialdino escribió, a dicho respecto, un memorable documento --de lectura obligatoria para letrados-- en el que se despachó contra el relato que hizo posible la creación de un clima sociocultural que convalidara el arrase de derechos laborales y sociales, y las construcciones sintácticas/semánticas de dichas reformas, indescifrables para sus destinatarios --complicadas hasta para Horacio González--, no con otro fin que el de hacer más dificultosa la percepción del derecho a cuestionamiento de las mismas.

(Fuera de riesgos del trabajo, puede consultarse la actual redacción del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, que originaría el fallo Vizzoti, como ejemplo de sintaxis mala leche)  

Más aún, la 24.557 camina en dirección absolutamente contraria a la moda mundial en la materia, que prescinde de la consideración del nexo causal en el examen del hecho cubierto, toda vez que, en palabras del doctor José Gómez Paz, las nuevas concepciones “tienen en cuenta el análisis global de la totalidad de los factores que conforman el sistema” de trabajo. De otro modo, no podrían ser comprendidas dentro de la ley las llamadas enfermedades profesionales, que no son ocasionadas por un hecho súbito y violento, como es el caso de los accidentes: de ello la 24.557 salió a partir de la elaboración de un plexo taxativo de enfermedades elaborado por el Poder Ejecutivo con participación de las partes de la relación, juzgado con razón insuficiente, aunque sujeto a (próxima) ampliación.

Salvada en una primera oportunidad por la Corte menemista, en una de sus últimas actuaciones --en línea con lo que fuera su trayectoria, de modo regresivo para el trabajador--, en el fallo “Gorosito” agarrados del último recurso del rechazo a la petición abstracta de inconstitucionalidad que sobre el texto entero de la ley efectuaran los letrados del trabajador, en 2004, ya en tránsito a lo que sería la renovación del máximo tribunal dispuesta por Néstor Kirchner --sobrevivían aún Boggiano y Belluscio, y no estaban todavía Lorenzetti ni Argibay-- , el fallo “Aquino” fulminó la pretensión patronal de deslinde de responsabilidades.

Partió la Corte de la obligación general de no dañar, contenida en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que se relaciona íntimamente con el derecho a reparación, en forma íntegra, si la lesión se ocasionara, que fue reglamentado por la normativa civil citada ut supra. A partir de ello, entendió insuficiente el diseño de indemnizaciones previsto por la normativa cuestionada, toda vez que no se considera en él, y en forma por demás tacaña, más que la pérdida de la capacidad laborativa del trabajador, cual si las lesiones irreparables que pudiere sufrir en el desarrollo de la tarea no le ocasionaran más que ese perjuicio a su vida.

Por lo demás, la 24.557 implica una lesión a los derechos de igualdad --porque cualquier otra persona que no sea un empleado que hipotéticamente sufriese lesiones en un establecimiento (por caso, un amigo del dueño que va de visita) puede, a diferencia del operario, reclamar por el derecho de daños-- y de acceso a la justicia para el empleado; además de por supuesto al principio protectorio --que hace del trabajador, habida cuenta de su condición de parte más débil de la relación, sujeto de preferente tutela en el esquema de desequilibrios que se crea a su favor para equiparar términos-- y al de justicia social, implicando, en definitiva, una discriminación negativa en detrimento de su persona, injustificado e injustificable.

En total, la reforma de 1995 acumuló 25 tachas por inconstitucionalidad, entre los que se pueden destacar: los fallos “Milone” y “Aróstegui”, que reprocharon el carácter de absoluto de la tarifación en forma de renta periódica, y no de pago único, de la indemnización, y la sujeción de la determinación de la misma a fórmulas matemáticas predeterminadas; “Torrillo”, que dispuso la posibilidad de citar en garantía como coresponsables de siniestros a las aseguradoras una vez abierta la reclamación personal contra el empleador; “Castillo”, que censuró la tramitación de las causas que origine la LRT por otra vía que no sea la de la justicia ordinaria del trabajo.

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La reforma a la ley 24.557, a instancias de la iniciativa presentada por la presidenta CFK, no solo no aborda ninguna de los cuestionamientos efectuados por la Corte en sucesivos y reiterados fallos --que podría decirse que habían generado un régimen nuevo de hecho, insano institucionalmente pero no para el damnificado--, sino que hasta las empeora, o en el mejor de los casos es más de lo mismo (malo).

El aumento de los montos indemnizatorios, la creación de uno nuevo por daño moral, la reducción de plazos de cobro y la inserción de un índice de actualización es no haber prestado atención a la necesidad de reconfigurar el derecho a reparación desde la óptica integral, lo que en modo alguno es posible si se pretende esquematizar el asunto. La Corte no censura la pretensión de un régimen propio de reparaciones, sí el modo incompleto del actual.

Por caso, ¿es igual la invalidez absoluta de un empleado fuente única de ingresos de su hogar que la de otro que tiene la suerte de compartir costos de vida con un/a esposo/a que también labore? No; y como ésa, mil otras cuestiones pueden imaginarse, solo posibles de ser consideradas en aptitud a través de un proceso judicial en el que se desplieguen en forma amplia debate de hechos y pruebas que permitan ponderar la solución sin ataduras rígidas.

Eso nos lleva a la eliminación de la doble vía, que no soluciona el llamado de atención hecho por la Corte en “Aquino”; y menos aún si se va a tramitar la opción judicial por el fuero civil, en contradicción con “Castillo”. Nótese la incongruencia: el gobierno nacional pleitea, y lo bien que hace en ese caso, contra los magistrados civiles --del fuero federal, pero civilistas al fin-- a propósito de la plena aplicación de la ley de medios. Acierta, allí, porque, efectivamente, se trata, en general, de una banda poco presentable.

Corre por los pasillos de Figueroa Alcorta y Libertador (la sede de UBA-Derecho) un dicho, muy acertado a mi criterio: "El Derecho Civil organiza y legitima el robo de los ricos a los pobres; el Código Penal, en cambio, evita que los pobres puedan impedirlo o que tomen venganza por ello".

Ahora bien, sabiendo que se habla, en el caso de los jueces civiles, de una casta, como bien la denominara Mario Wainfeld, patrones-friendly, ¿cómo es que a esos tipos se ha seleccionado como destino de los juicios que supondrá la nueva LRT? Más cuando ello supone el abandono de los principios elaborados históricamente, y sostenidos, como todo lo aquí dicho, por doctrina, jurisprudencia e instrumentos de derecho internacional con rango constitucional a favor del obrero.

Y más todavía: ¿Por qué si en su momento se cortó el negocio de las AFJP no se hizo lo propio con el de las ART y asociados? ¿Por qué si se logró, con la estatización de YPF, desacoplar al petróleo de las lógicas de mercado no se hizo lo propio con la clase trabajadora, que así sigue siendo variable de una ecuación polinómica?

¿Por qué si se ha otorgado participación a las representaciones obreras en casi todos los nuevos/reformados órganos de aplicación/espacios de consulta o similares que incumben a las distintas leyes elaboradas en casi 10 años --por ejemplo, formarán parte del Consejo Federal de la nueva ley de medios--, no fueron convocadas justo para nada menos que la prevención de los riesgos laborales, de lo que en nada se ocupa la ley, cuando sería deseable que así lo hiciera, en línea con las tendencias doctrinarias mundiales de compresión sistémica del  espacio de trabajo, en vez de poner el foco en el efecto, la supuesta industria del juicio (que con ser tal no tiene por qué avergonzarse, pues persigue fines nobles: la reparación del eslabón más débil de la cadena de producción)?  

Demasiadas preguntas flotan en un vacío que hace demasiado ruido, metaforizado a la perfección por la nula presencia militante en el Congreso el día de aprobación de la ley y por la frase de Agustín Rossi “no somos librepensadores”, valorable política e institucionalmente, pero que puesta como único argumento de defensa de un proyecto indican, juntas, que había nada para celebrar con el paso dado.

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La cita a Jauretche no es zonza. El único lugar de la prensa de cualquier tipo en que se pudo leer algo de oposición a este proyecto fue, paradójicamente, en la prensa oficialista, por Mario Wainfeld y Horacio Verbitsky, las plumas principales de Página/12; y Ana Vainman, que se dedica seguido a temas sindicales en Tiempo Argentino. En el resto, nada y poco, y tercerizado en los propios involucrados del asunto: se comprende, en el caso de Clarín y La Nación ésta es una ley que favorece sus intereses. Víctor Hugo Morales sentenció: “yo, que no entiendo nada de Derecho, miro quiénes están contentos, y comprendo que ha sido un paso errado”.

En este espacio estamos casi convencidos de que se trata de una jugada --inaceptable-- destinada a operar una división del frente empresarial en función del 7D. Esto sería, para evitar solidaridades corporativas cuando toque hacer efectiva la desinversión del Grupo Clarín, se ofrece la zanahoria de la nueva normativa acá comentada. Un precio demasiado alto aún cuando se trata, en el caso de la necesidad de dar cumplimiento a la ley de medios, de un objetivo cuya consecución hace parte imprescindible de la efectiva vigencia de la institucionalidad en el país, como bien viene explicando Alejandro Horowicz.

Los trabajadores formales han sido relegados durante 2012, carentes de toda representación en horas en que un plexo de demandas sectoriales reivindicativas pesa cada vez más. Ya sea porque la nueva conducción cegetista es impresentable, como porque la Presidenta ha entrado en mora para con ellos, en medio, además, de una disputa política con Hugo Moyano, que tampoco da el pine necesario en los días que corren, la discusión transita por un carril distinto al que caminan los trabajadores, que entonces solo la ven pasar.

Las alianzas descuadradas que se observan por estas horas, donde La Nación apoya una ley del oficialismo al que detesta --augurando entonces que nada bueno puede esperarse de ella para la clase trabajadora, por lógica--, y el PRO (votar junto a ¡Pinedo!) da su apoyo a la iniciativa presidencial, y Hugo Moyano ha elegido apoyarse en sectores de los que no podrá esperar nada superador de esto que tiene, ni menos aún de lo que reclama como cuentas pendientes al gobierno nacional, condenando entonces a los suyos a no tener política, dan cuenta del desconcierto de la hora, que es generalizado.

Salvo que alguien crea que algo mejor auguran Jesús Cariglino, José Manuel De La Sota o todo el cuadro de patéticos exponentes del peronismo opositor con el que Moyano compartió un acto en memoria de José Ignacio Rucci, burócrata de calaña similar a la nueva conducción de la CGT a la que con tanta razón Moyano suele vituperar, y muy opuesto a su trayectoria sindical, impecable en cuanto hace a la defensa corporativa.

Encima, tiene al lado a Venegas, el sindicalista que representa a los trabajadores por lejos más pauperizados del país, los peones rurales. El moyanismo, en defensa de la caja de Venegas, no votó el nuevo estatuto del peón de campo, lo cual es incluso peor que haber votado la LRT, porque es la nada total para dichos laburantes. Claro que eso afecta a un número menor de compañeros, el 80% de los cuales o más está en negro, más que duplicando la cifra media nacional (30/35% de informales).

Y todo en un momento por demás especial. El primer aniversario de la partida de Néstor fue celebrado con alegría, porque 4 días antes habíamos ganado la reelección. El segundo es tristísimo, porque la nueva LRT incumple la premisa máxima de la canción que lo homenajea.

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Yo sigo apostando a este gobierno. Esta catarsis es porque la nueva LRT va contra la esencia de lo que me hace pertenecer al oficialismo. Es la propia Presidenta la que se traiciona con este paso. Pero cualquier cosa por fuera de esto es peor. Lo triste es tener que utilizar eso como argumentación, pasar a la defensiva, cuando, hasta la fecha, no existía ninguna ley sancionada por el kirchnerismo de la cual hubiera que avergonzarse. La nueva LRT, en cambio, es un retroceso preocupante, incómodo, vergonzante, indigno.

Nadie fue más peronista que John William Cooke, quien, sin embargo, entre 1952 y 1955 no dejó punto ni coma escrita por el general Perón sin atacar. No obstante lo cual, el 16 junio de 1955, cuando el bombardeo asesino de la marina de guerra se descargó en todo su odio sobre Plaza de Mayo mientras el pueblo la caminaba rumbo al trabajo de cada día, Bebe se apersonó en la escena del crimen para, con una simple calibre 22, disparar contra los aviones golpistas. En defensa de un gobierno al que hacía ya más de tres años fustigaba de modo continuo con sagacidad, talento y audacia. Sabía que lo que fuera que viniese en su reemplazo sería peor. No se equivocó.

Cuando las críticas vengan por derecha, o sea, el 99% de las que se le hacen a este gobierno, ahí estaremos. Que hablen, nomás, de "los planes que fomentan vagancia"; allá ellos, no tienen idea de la senda por la que camina, ya no Sudamérica: el mundo entero; lo actuado en la materia por el kirchnerismo es impecable. Ojalá la AUH se siga expandiendo, hablará muy bien del país.

Entonces, por respeto a ésa y otras conquistas, hay que vomitar rayos y centellas sobre la nueva LRT. Por respeto, en definitiva, a nosotros mismos.

miércoles, 3 de octubre de 2012

Sabbatella en AFSCA y enredos sucesorios varios II

Con la designación de Martín Sabbatella en AFSCA Cristina pega una carambola a varias bandas.

Vamos por partes. Contábamos en nuestro último post las intenciones de ciertos elementos del establishment de construir una alternativa poskirchnerista en torno de una hipotética candidatura presidencial de Daniel Scioli. Citamos, a dicho respecto, una nota de Horacio Verbitsky en la que el autor mencionaba como sponsors de dicha intentona a Clarín y a Alberto Fernández. Y que todo ello requiere de obturar la posibilidad de Boudou como posible sucesor de Cristina.

Alberto Fernández suele ser bastante duro y despreciativo para con el vicepresidente. La noche del cacerolazo, en TN, en diálogo con Nelson Castro, gorila de pelo en pecho si los hay, se mostró visible y especialmente empecinado en que quedase sentado que todo aquello ocurría debido al affaire Ciccone. Lo cierto es que observando las imágenes de lo acontecido la noche del 13-S uno advierte con facilidad que Boudou fue mencionado muy marginalmente. Volvamos.

Sabbatella llega a AFSCA con un programa claro, conciso y sencillo: hacer cumplir la ley de medios; no hace falta reincidir en las preocupaciones de Clarín sobre ese punto.

Se ha dicho, y es probable que haya mucho de cierto en ello, que Cristina le niega su guiño a Scioli, entre muchas otras razones, porque el gobernador bonaerense no le puso el cuerpo a la ley de medios, y le escapa a todas las demás contradicciones que se suceden en continuado entre el kirchnerismo y el monopolio mediático. Scioli ha navegado siempre a media agua en dicho diferendo.

Al mismo tiempo, colocar a Sabbatella en un cargo nacional lo retira un tanto del escenario bonaerense, allí donde radican las escasas fuerzas propias con que cuenta DOS, que siempre han visto al ahora titular de AFSCA como una molestia --no se entiende por qué, habida cuenta de que los desempeños electorales de Nuevo Encuentro han sido bastante pobres siempre--.

Así las cosas, a Scioli le interesará la permanencia de Sabbatella en un espacio del que Clarín lo quiere ver afuera cuanto antes, toda vez que preanuncia la voluntad del Gobierno de hacer plenamente operativo el artículo 161 de la ley de medios, a partir del 7 de diciembre conforme lo dispuso la Corte Suprema de Justicia.

Cristina, entonces, mete una cuña entre DOS y Clarín, que le acota, y en mucho, el margen de maniobra al ex vicepresidente si es que acaso éste insiste en privilegiar su pertenencia al kirchnerismo y si su voluntad sigue siendo la de no ser candidato si no es con el concurso de la Presidenta.

Dinamitando ese puente, CFK avanza con su propósito de mantener bajo anestesia total el trámite sucesorio, al tiempo que lo enmarca en los términos que mejor le placen.

Por lo demás, el nombramiento de alguien que carga con fama de honesto --gracias a Clarín, entre otros-- implica también una señal para el resto de los actores del mercado infocomunicacional: no habrá, se está diciendo, tutía para nadie. Por ahí anda Cristobal López con la manguera de su trámite de adquisición de Infobae pisada por AFSCA ya desde antes de la asunción de Sabbatella.

E incluso tipos insospechados de oficialismo, como Jorge Fontevecchia, han dicho que esa operación implica más un movimiento defensivo de López ante lo incierto que es el futuro para cualquier “hombre de negocios” en la presente etapa del desarrollo del modelo.

Cuando se dice que el 7D es el eje que vertebra la disputa política nacional, como se ve, no se trata de la gratuidad del aire.